Con motivo del incremento tarifario en los servicios públicos, el secretario de Gobierno Alfredo De Lillo y la directora de OMIC Fernanda Pommarés informaron que el municipio acompañará los reclamos de los vecinos y los pedidos para acceder a la tarifa social.
En primer lugar, Alfredo De Lillo reconoció que “las tarifas son un tema preocupante para todos los vecinos pero, aunque la problemática nos excede, contamos con una Oficina Municipal de Información al Consumidor a la que pueden recurrir ante inquietudes o errores de facturación, incluso ante la negativa de las empresas de servicios de otorgar la tarifa social”.
Por su parte, Fernanda Pommarés explicó que los aumentos no guardan razonabilidad respecto a salarios y jubilaciones: “estas medidas se dieron en la mayoría de los servicios públicos y no han sido graduales, de esta forma impactarán de manera negativa y fuertemente en la economía doméstica de nuestros vecinos”.
Al referirse al servicio de gas, la directora comentó que pagar el servicio en cuotas no es una solución al problema, sino todo lo contrario, produciendo un endeudamiento de los usuarios.
También hubo algunas consideraciones sobre el servicio de energía eléctrica: “la mitad de la factura está compuesta por impuestos, creemos que se debería tomar la decisión de quitar o bajar porcentajes de IVA en los servicios públicos domiciliarios. Consideramos que es un engaño al vecino”.
A la tarifa social podrán acceder quien tenga un sueldo o jubilación que no supere dos veces el salario mínimo, vital y móvil, quien sea monotributista social, empleado doméstico, veterano de guerra, entre otros; y se presenta como uno de los requisitos excluyentes tener un automóvil con menos de 10 años de antigüedad, condición que acota en gran medida el acceso a la tarifa.
“Estamos a disposición y vamos a acompañar a aquellos vecinos que no hayan recibido la tarifa social, les pedimos que se acerquen a nuestra oficina ubicada en Av. Soárez 69”, continuó.
Sobre la negativa a la tarifa social, la directora aclaró que “en algunas ocasiones, la base de datos no contiene los atributos cargados, por lo cual es necesario realizar una encuesta socioambiental para que justifiquen su situación y puedan acceder”.
Además, recordó que junto a Facundo Benegas (representante de la Defensoría del Pueblo) y Juan De Lillo (director de Desarrollo Social) se han reunido para definir las acciones a seguir: “Enviamos oficios a Camuzzi y EDEN, para tener un cuadro de situación real de cómo se afecta la economía de los usuarios de Chivilcoy en estos dos servicios”.
“El municipio -desde el intendente hasta el último funcionario- siempre ha acompañado y ha estado al lado de los vecinos, una muestra de esto fueron la decisión de eximir del pago de tasas municipales a quienes tienen tarifas sociales desde que comenzaron los incrementos, como así también a los electrodependientes y sus familias, que además cuentan con un régimen especial”, concluyó.