La no aprobación de cinco de los seis incisos que contenían el quinto artículo de la iniciativa fue producto de la negativa de los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, un sector del radicalismo y otro del bloque Hacemos; en tanto que el PRO, la mayoría de la UCR y La Libertad Avanza votaron a favor.
La Cámara de Diputados rechazó este martes gran parte de los incisos del Capítulo sobre Reforma del Estado, contenido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, y que referían a la reorganización administrativa de los organismos de gobierno.
El rechazo de cinco de los seis incisos que contenían el quinto artículo de la iniciativa fue producto de la negativa de los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, un sector del radicalismo y otro del bloque Hacemos; en tanto que el PRO, la mayoría de la UCR y La Libertad Avanza votaron a favor.
“Al oficialismo le encanta seguir perdiendo. Traten de receptar algunas propuestas y de ganar, siempre hay que ganar”, expresó el titular del bloque Hacemos, Miguel Angel Pichetto, antes de pedir un cuarto intermedio de quince minutos con los jefes de los bloques y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La votación por incisos, mocionada por el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, enterró las chances de que la ley tuviera un mejor destino para el oficialismo ya que, en el caso del artículo quinto, al eliminar cinco de los seis incisos, la iniciativa quedó inerme.
La Cámara de Diputados resolvió eliminar el inciso a) referido a la facultad del Poder Ejecutivo a “regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno del Sector Público Nacional”; y el c) que le permite “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional”.
La Cámara de Diputados también eliminó el inciso e) con el que el Poder Ejecutivo podía “intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional”.
Del proyecto del oficialismo también fue aprobado el artículo sexto que faculta al Ejecutivo a “regular y concentrar en un marco normativo el régimen de contrataciones aplicable a toda la Administración Pública Nacional”.
