Históricamente las escuelas públicas podían adherirse al feriado por la conmemoración del aniversario de su ciudad, pero por decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde septiembre del año pasado, todas las dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación (DGEYE), escuelas, instituciones, entre otras, perderán el derecho al feriado municipal y tendrán un día laboral con normalidad, sin embargo el gobierno provincial no dispuso la misma medida para el resto de la administración pública y para los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya que estos tendrán su día de asueto.
Sostenemos que la presente disposición es un acto netamente excluyente por parte del gobierno provincial de Cambiemos hacia el sector docente por sobre el resto de los empleados estatales.
Una vez más el gobierno de Cambiemos muestra claramente su costado más apático y su desprecio hacia los empleados de la educación pública bonaerense, ya que no tenemos dudas que se trataría de una represalia directa contra los trabajadores de la educación por el conflicto salarial, aún no resuelto y con propuestas poco serias por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Consideramos que esta exclusión también deja entrever otro mensaje de manera siniestra, que por los días de paro se pretende recuperar los días perdidos, echando culpas a los trabajadores de la educación, como si estos fueran los responsables de trabajar en condiciones precarias y con salarios por debajo de la línea de la pobreza. No se puede perder de vista que el gobierno provincial es el responsable absoluto de garantizar condiciones óptimas de trabajo y salarios dignos, gobierno que para acceder al poder durante su campaña, promulgó desde su espacio político de Cambiemos, un cambio y mejores condiciones laborales para los educadores de la DEGEYE. Hoy la realidad nos demuestra la falsedad de dichas promesas.
Por lo tanto este bloque de consejeros escolares del PJ Cumplir de Chivilcoy Leticia Berdugo y Rafael Fontana muestran su desacuerdo ante esta medida impuesta por el gobierno provincial, que excluye una vez más a los trabajadores de la educación pública.